Los países latinoamericanos necesitan desmontar la actual estuctura de reglas institucional y sustituirla por otra para tener la oportunidad de crecer y proporcionar mejores oportunidades para su población. Esto implica garantizar los derechos de propiedad para impulsar el crecimiento económico, mejorar las leyes, para reducir la arbitrariedad del Estado que aún campea en muchos países de la región. Supone tomar decisiones de largo plazo en infraestructura, en educación, en política exterior, en pensiones, en manejo energético. Los países que cierran las puertas a la globalización, al libre comercio y la competencia pierden oportunidades y las raíces de la pobreza aprovechan para crecer.